Tras once años de solicitar una licencia de exploración a diferentes administraciones, el proceso se aceleró en dos meses con el actual gobierno.
A pesar de que Mayaniquel, S.A. solicitó una licencia de exploración para un proyecto minero en La Ruidosa, Izabal, desde hace once años, el gobierno de Giammattei aprobó los trámites en solo dos meses. Previo a ello, se registró un convenio de donación de dos vehículos picops al Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El área de explotación y exploración incluye el núcleo de La Montaña Chiclera.
El último proceso que el MEM autorizó para otorgar una licencia de exploración minera en Morales, Izabal, para la empresa Mayaniquel, S.A., con el objetivo de encontrar níquel, cobalto, platino, cadmio, cromo, oro, plata, cobre, cinc, plomo molibdeno, magnesio y minerales del grupo platino en el proyecto llamado La Ruidosa.
Aunque Mayaniquel, S.A. planteó la solicitud para obtener la licencia de exploración en La Ruidosa el 15 de febrero de 2010, fue hasta el 18 de mayo de este 2021 que obtuvo la autorización del MEM.
Esto ocurrió unas semanas después de que un grupo de inversionistas de origen ruso e israelí, vinculados a esta y otras empresas mineras, visitaron Guatemala para reunirse con autoridades del gobierno, incluido el ministro de Economía, Antonio Malouf.
El departamento de Comunicación del MEM detalló las fechas relevantes del proceso de Mayaniquel para obtener esta licencia. Algunos pasos tomaron años para transitar por la burocracia estatal durante cuatro gobiernos hasta que llegó el segundo año de la administración de Giammattei.
En la anterior administración, el último movimiento registrado para esta aprobación fue el 20 de agosto de 2018, cuando la empresa notificó al MEM que su nuevo representante sería Yury Berezovsky.
Con el Gobierno de Giammattei, el proceso se retomó a principios de este año. Los once años de espera se aceleraron en dos meses. El hecho se ve marcado por un convenio de donación.
El 1 de febrero de 2021, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, firmó el convenio de donación formal de dos vehículos tipo picop ofrecidos por Mayaniquel, S.A. en noviembre del año pasado.
Según el acta de donación, cada vehículo costó Q186 mil, lo que suma un valor total de Q372 mil por ambos carros. El documento registra que Mayaniquel compró los dos vehículos el 30 de octubre de 2020 y los ofreció al MEM tan solo cinco días después y la cartera aceptó los bienes el 30 de noviembre.
Aunque este monto no parece ser tan significativo para una inversión millonaria, sí llama la atención que preceda a la aprobación de la licencia de exploración.
Al ser consultado el ministro Pimentel sobre esta donación, negó que exista un conflicto de interés en la donación.
“Dichos vehículos serán utilizados para cumplir las funciones comunes del ministerio, relacionadas con la fiscalización de las actividades de explotación y comercialización de hidrocarburos, la explotación minera y la realización de visitas de campo dentro de los procesos de consulta y diálogo en comunidades rurales”, explicó Pimentel.
Dos meses de trámites
El 4 de marzo, un mes después de la formalización de la donación, el Ministerio de Ambiente avaló el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto La Ruidosa I. Siete días después, el nuevo representante, que también firmó el convenio de donación, Jaime Adalid Torres, presentó en el MEM una copia simple del aval ambiental.
El 29 de abril, justo cuando los ejecutivos de Mayaniquel se reunían con autoridades del Gobierno en su visita al país, el viceministerio de Desarrollo Sostenible extendió el aval que explica que no hay presencia de comunidades u organizaciones indígenas en el área de influencia del proyecto. Es decir que no se debe hacer una consulta comunitaria.
Cinco días después, el 4 mayo, la empresa presentó la copia legalizada del EIA y licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente y al día siguiente, el 5 de mayo, la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM emitió el dictamen que valida el cumplimiento de los requisitos estipulados en la Ley de Minería.
El último paso antes de que el MEM autorizara la licencia, la PGN indicó el 11 de mayo que “lo diligenciado y conclusiones obtenidas en los procesos de consulta, constituyen una responsabilidad absoluta del MEM”.